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Mide Senado con un mismo rasero a la población y a la delincuencia
Sección: Nacional
Fecha de publicación: 14 de Abril de 2021

VICENTE BELLO.- Con los votos de Morena, el partido mayoritario, el Senado de la República aprobó ayer una ley bastante parecida a la que, por polémica, no pudo aprobar el Congreso en el sexenio de Felipe Calderón: reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que todo ciudadano entregue sus datos biométricos al momento de adquirir un teléfono celular. Y esos datos –que se tendrían que dar a compañías telefónicas- no son más que las huellas dactilares, rasgos del rostro, registro de voz, registro del iris. Y la turnó al Ejecutivo Federal, para su publicación y entrada en vigor.
Con la justificación de que así se combatirá frontalmente a la delincuencia organizada, que ha hecho un uso infame de los celulares, también esta decisión legislativa que ha tenido el respaldo del grupo parlamentario de Morena, aparece con el regusto amargoso de una mentada de madre, porque mide esta reforma a la población con el mismo rasero con que se mide al crimen organizado. Da por sentado que todos de entrada son culpables.
La senadora de Morena Lucía Meza Guzmán presentaba así el dictamen: “El presente dictamen tiene por objeto crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con la finalidad de inhibir, en su totalidad, los principales delitos que aquejan a nuestro país, mismos que se cometen a través de la utilización de equipos móviles como herramientas fundamentales para la realización de ilícitos, con la finalidad de la identificación plena y certera de los titulares de las líneas de comunicación.
“El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, (será) una base de datos con información de las personas físicas o morales, titulares de cada línea telefónica móvil que cuentan con un número telefónico de plan técnico fundamental de numeración y cuyo único fin es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.
El PRI en voz de Manuel Añorve, dijo: “Cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones reportan que a diciembre del 2019 a nivel nacional, había 122 millones de líneas, como también se ha dicho aquí, del servicio móvil de telefonía, 85 % de ellas de prepago, este tipo de líneas, prácticamente no tiene requisitos para su obtención, por lo que han sido explotadas por la delincuencia, para aprovechar el anonimato y falta de control, registro de saber qué o quienes adquirieron el número mediante el cual realizan operaciones ilícitas.
“Esto impide, además, que las áreas de inteligencia de seguridad rastreen la geolocalización, ya que es común ver este número de teléfonos desaparecer, al ser utilizados, es decir, después de la llamada de extorsión o petición de rescate de un secuestro, es desechado.
“… Se deberá registrar toda la información relacionada con la línea de telefonía móvil, como el número de línea, número de identificación, único del SIM, la fecha, y hora de activación, el nombre completo o razón social, entre otros, información que se considera como reservada, de acuerdo por lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, otorgando seguridad jurídica a los usuarios.
“En suma, lo que esencialmente buscamos, con este dictamen, es ayudar en la investigación de los delitos, dotando mejor información a las autoridades”.
La senadora del PAN Xóchitl Gálvez Ruiz dijo: “Cómo me gustaría que realmente pudieran atacar la delincuencia con inteligencia artificial, con robótica y con sistemas expertos, así podrían saber que el 60 % de las llamadas de extorsión salen de los penales, no de los mexicanos que trabajan y que se esfuerzan todo el día.
“Por supuesto que justifico el interés de combatir la delincuencia mediante la extorsión telefónica, se propone esta reforma a la Ley Federal para crear un padrón de usuarios de telefonía móvil. La intención es buena y el grupo parlamentario del PAN estaremos a favor de toda propuesta en favor de la seguridad de la ciudadanía; sin embargo, esta reforma conlleva el riesgo de crear una herramienta inconstitucional y autoritaria que obliga a quien tenga una línea telefónica celular o una tarjeta SIM a registrar sus huellas dactilares y biométricas.
“… Este proyecto atenta contra la privacidad y protección de datos personales y transgrede la libertad de comunicación.
“Se han puesto imaginar a los millones de mexicanos que viven en zonas marginadas, por ejemplo, en Chiapas, en Los Altos, donde una persona baja a San Cristóbal y compra los SIM para comunicar a los habitantes.
“Se han puesto a pensar que ninguna de estas personas es delincuente y en esta iniciativa se le estará tratando como tal o como presunto delincuente.
“También viola el derecho humano a la libertad de comunicación personal, se vuelve una especie de Gran Hermano, al estilo de la novela de George Orwell, para vigilar y monitorear a más de cientos de millones de usuarios de la red de telefonía celular, porque un delincuente es un delincuente, no nos hagamos, y no va a acudir a registrar sus propios datos personales para delinquir, seguramente usará un celular robado, se va a poner de moda asaltar una persona para quitarle el SIM. Si es identificado, remitirá e inculpará al usuario original, con lo cual también se viola la presunción de inocencia y pone en riesgo la seguridad de las personas”.
Un contra argumento consistió en recordar a Morena que en tiempos de Calderón, el PRD de entonces se opuso a una reforma similar por atrabiliaria. Y pararon el proceso legislativo. Hoy no.



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