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El rompimiento de la cuchara grande
Sección: Nacional
Fecha de publicación: 24 de Septiembre de 2020

VICENTE BELLO.- Claro que les ardía a los opositores del PRD, MC, PAN y PRI, por lo de la nueva Ley Federal de Remuneraciones, en la que el Congreso va camino de colocar a toda la burocracia del país bajo el techo del salario del presidente de la República, exceptuando a quienes están en funciones actualmente y ganan más, como los ministros, magistrados, jueces, presidente y consejeros del INE.
Decía Antonio Ortega Martínez, diputado del PRD: “Se usa una anquilosada minuta del Senado para intentar atender un capricho presidencial, a pesar de contar con innumerables aberraciones jurídicas. Casi siete mil amparos, cinco acciones de inconstitucionalidad y cuatro controversias constitucionales se han acumulado en respuesta a la violación de derechos de servidores públicos e instituciones”.
Y, funesto, se preguntaba: “La propuesta, lejos de resolver el problema, lo volverá a tribunales. ¿Cuántos miles de amparos más? ¿Cuántas controversias constitucionales? ¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad más para satisfacer un capricho del presidente?”
El diputado del MC Juan Villarreal Salazar dijo: “Es importante atender las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecer los parámetros por los que se debe de fijar la remuneración del presidente y el resto de los niveles jerárquicos”.
Ximena Puente, del PRI, dijo: “En este dictamen reconocemos que se precisan conceptos claves como sueldo y salario, compensación garantizada y, además, se adiciona el de percepción extraordinaria para los estímulos de cumplimiento bajo resultados y la remuneración anual máxima para el presidente de la República.
“Coincidimos en que se establezca que ningún servidor público reciba una remuneración igual o mayor a la remuneración máxima que tenga derecho a recibir el presidente de la República.
“Y, para que la igualdad sustantiva deje de ser una aspiración y se convierta en una verdadera vocación de todas y todos los que integramos la sociedad, es indispensable contar con políticas públicas adecuadas y eficaces a este objetivo.
“Las y los diputados de la fracción parlamentaria del PRI nos pronunciamos porque en la fijación de remuneraciones y la ocupación de plazas exista perspectiva de género para garantizar el mismo salario para las y los servidores públicos del país, y erradicar, de una vez por todas, la brecha salarial de género que existe en nuestro país”.
Así se posicionaba el PAN, en voz de Laura Rojas Hernández: “Esta es la tercera vez que en esta legislatura abordamos el tema de las remuneraciones de los servidores públicos. Y es la tercera vez que lo hacemos porque esta Cámara no ha sido capaz de resolver el asunto de forma adecuada.
“Este debate no debería ser sobre el presidente, sino sobre los maestros, las enfermeras y médicos, las y los policías, los marinos, soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas. Debería ser sobre los que levantan los censos y procesan las estadísticas, sobre los que organizan las elecciones, sobre los que gestionan las solicitudes de información y los que defienden los derechos humanos. Pero, también, sobre los que nos representan en el exterior y sobre los ingenieros, antropólogos, artistas, científicos, investigadores y docentes, muchos de ellos con los más altos niveles de estudio y especialización.
“El tema es sobre cómo el Estado mexicano valora sus capacidades y servicios. Queremos a las mejores y a los mejores al servicio del pueblo. Si realmente queremos a las y los mejores, hay que estar dispuestos a recompensarlos de manera justa, proporcional y adecuada, y no menospreciarlos y hacerles sentir una y otra vez que no merecen nada”.
¿Y qué decía Morena? Dijo el diputado Pablo Gómez Álvarez: “Esto es resultado de una sentencia de la Corte, que invalidó unos cuantos incisos de dos artículos, eliminando la palabra presidente de la República, como uno de los elementos que, de acuerdo con la ley, deben ser fijados en su remuneración por parte de la Cámara.
“Ustedes saben que el primer proyecto de reforma de la Constitución, en su artículo 117, se presentó en el mes de septiembre de 2006. Esto es lo que algunos, improvisadamente, claro, dicen que es un capricho del actual presidente. No es el capricho de nadie. Fue un clamor popular que ya entonces existía, porque los servidores públicos se ponían el sueldo que querían ponerse y agregaban una serie de prestaciones en cada dependencia. Como dicen popularmente, se servían con la cuchara grande.
“El proyecto fue aprobado, se congeló en la Cámara de Diputados. Sí, estuvo ahí varios años en la congeladora de la Cámara. El Instituto Federal Electoral decidió subirse los sueldos a los consejeros y jefes, una vez más. Y entonces, el escándalo nacional y la protesta en contra de esa decisión de subirse los sueldos obligó a la Cámara a aprobar la reforma constitucional en materia de remuneración, pero sin ley.
“La ley expedida por el Senado fue congelada durante seis años o más en la Cámara, por eso era indispensable expedirla, tampoco estamos de acuerdo en esos métodos. ¿Quién fue el que dio la orden de que no se aprobará esa ley? Peña. ¿Quiénes la acataron? Pues el PRI y el PAN, es muy sencillo, así estaba conformada la Cámara de Diputados.
“Ahora, nosotros siempre hemos luchado. Siempre, siempre. En contra de la formación de una elite burocrática muy bien pagada que decida cuáles son sus remuneraciones.
“Y siempre hemos luchado para que no sea una tecnoburocracia la que imponga los sueldos, sino que el asunto de los sueldos se resuelva como parte de la lucha política, porque eso es lo que es”.
Y la aprobaron y la turnaron al Senado, adonde continuará su discusión.


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