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El primer encontronazo de la nueva mayoría con el régimen que se va
Sección: Nacional
Fecha de publicación: 12 de Septiembre de 2018

VICENTE BELLO.- En los territorios de la Cámara de Diputados, en la sesión del martes 11 de septiembre del 2018, la 64 Legislatura confrontó por primera vez al régimen que se irá para siempre el 31 de noviembre próximo. Y lo chocaba como chocaría una locomotora a otra con el fin de descarrilarla. Y entonces respingaba el PRI, respingaba el PAN y también el Pvem. Estos tres partidos, suerte de soldados del sistema político priísta que ya se va. Y artífices de la reforma educativa actual.
El acaballamiento de la 64 consistió en aprobar un punto de acuerdo con el que han exhortado
Una reforma que ayer, con la fuerza de su inobjetable mayoría, el partido que asumirá la presidencia de la República el 1 de diciembre, hizo que la Cámara de Diputados exhorte “a diversas autoridades federales y locales a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo aplicable”.
En resumidas cuentas, lo que con su mayoría absoluta planteó Morena –grupo parlamentario al que se le unieron en votación el Pt, Pes y aun el Prd- es que todas las instituciones educativas de los tres niveles de gobierno dejen de aplicar la reforma educativa que aprobó en 2012 y 2013 aquella tríada de partidos políticos, justo en el comienzo del sexenio que ahora se está acabando.
El diputado de Morena Irán Santiago Manuel dijo en tribuna, en nombre de su bancada: “Cuando una ley es injusta lo correcto es desobedecer’… Es el postulado de Mahatma Gandhi, que compartimos desde el 2013 cientos de miles de maestros de México”.
Santiago Manuel continuó: “Una educación integral que para lograrlo se requiere de instrumentar políticas públicas sí urgentes, pero no autoritarias ni excluyentes, como lo fue la mal llamada reforma educativa, producto del Pacto por México que no fue más que una reforma laboral dictada desde la OCDE, que es un organismo internacional que desconoce la realidad del sistema educativo de nuestro país y con otros intereses”.
Una reforma, insistió el legislador, “que ignora que muchas maestras y maestros cumplen con su vocación de desarrollar capacidades y conocimiento de sus alumnos en condiciones totalmente adversas con bajos salarios, deplorable infraestructura, atendiendo a niñas y niños en extrema pobreza alimentaria que afecta su neurodesarrollo para construir conocimientos significativos a pesar del gran esfuerzo de los docentes”.
Lo que decía Irán Santiago Manuel era la descripción de una de las disputas más agrias que el gobierno de Enrique Peña Nieto sostuvo desde el comienzo de su sexenio con el magisterio nacional. Y agregaba: “Las maestras y maestros están siendo víctimas de un permanente acoso laboral, una supervisión excesiva, aumento en la carga de trabajo eminentemente administrativo que entorpece su labor.
“Se vive una privatización silenciosa del sistema educativo tal y como sucede con los comités de participación social en las que padres y madres de familia asumen los costos del mantenimiento de los planteles.
“El linchamiento mediático de los últimos años ha sido brutal. Quienes se oponen a las medidas punitivas de la reforma educativa en el mejor de los casos han sido cesados, hoy más de 500, y en el peor han sido asesinados o desaparecidos.
“Quienes lo nieguen entonces que nos digan el paradero de nuestros 43 estudiantes de Ayotzinapa o que nos revivan a nuestros muertos de Nochixtlan”.
Y apostillaba el morenista: “Desde junio del presente año miles de maestros han sido notificados para presentar la evaluación punitiva. Aclaramos, los maestros de México no se niegan a la evaluación. Sí a una evaluación formativa, no punitiva, una evaluación que mejore el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos y nuestras alumnas”.
Dijo Leticia Gómez, del Pvem: “Pedir ahora que se suspendan las evaluaciones sería mandar un mensaje equivocado al pueblo mexicano, denostando una falta de respeto a las atribuciones que a la división de Poderes le fueron conferidas por el Congreso de la Unión.
“No debemos permitir que esta Cámara exhorte al Ejecutivo a conducirse en contra de un principio de legalidad, el cual es la base de todo Estado democrático”.
¿Qué dijo el PRI? Martha Garay dijo: “No compartimos este acto de oportunismo e irresponsabilidad que plantea el tema con una visión parcial y sesgada de un solo aspecto del sistema educativo nacional”.
Y en alusión a Elba Esther Gordillo, la priísta añadió: “Más allá de vender o heredar plazas, del cochupo o el arreglo, se trata de privilegiar la evaluación transparente, las capacidades y trayectorias y el perfil de los maestros”.
El PAN habló a través de Ernesto Robledo, quien dijo: “No podemos, paradójicamente, ser parte del Parlamento nacional donde hacemos las leyes de este país y exhortar a que no se cumplan. Flaco favor le hacemos a las instituciones del país si desde esta soberanía solicitamos el desconocimiento de la Constitución, de las leyes y del resto de nuestro marco normativo”.
Última oradora fue María Chávez, de Morena, quien expresaba: “Hoy nos ponemos a discutir una ley injusta, como una fuerza que se pusieron los legisladores anteriores, en el cual están sometiendo a una evaluación a los maestros, que son normalistas titulados. ¿Y por qué no someten a evaluación al presidente Enrique Peña Nieto y a toda la camarilla de cómplices que acordaron esta criminal reforma educativa?”
Este punto de acuerdo ha significado el primer encontronazo de la nueva mayoría legislativa con el régimen que se va.


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