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TREN PARLAMENTARIO
Sección: Nacional
Fecha de publicación: 06 de Junio de 2018

Siempre se dijo que había sido un genocidio, un crimen de Estado


VICENTE BELLO


¿Y qué ha hecho, realmente, el Poder Legislativo desde su condición de contrapeso constitucional en torno del caso Ayotzinapa? Por los resultados que ha obtenido, diríase que absolutamente nada. Que sólo ha sido un simulador. Un alcahuete de las autoridades que supuestamente investigaban. Un encubridor a ultranza de quienes, casi desde el principio, fueron señalados como principales protagonistas de la desaparición de los 43 normalistas: policías, criminales y soldados.
Ahora que un Tribunal de Circuito del Poder Judicial de la Federación ha ordenado “reponer el procedimiento” –es decir, comenzar otra investigación desde el principio, pero incluyendo a las víctimas y a la ONU y la CIDH inclusive- mediante la instalación de una comisión de la verdad, el caso vuelve a bullir como agua hirviente. Y ya está el primer quemado: el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Aquel 7 de octubre de 2014, cuando el Pleno de la Cámara de Diputados ordenó la creación de una comisión especial que diera seguimiento a la desaparición de los estudiantes de la normal Isidro Burgos, la oposición desde un principio planteó en la tribuna que este crimen brutal sólo podría ser con la participación de autoridades coludidas con el crimen organizado.
He aquí partes medulares de aquel debate.
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, entonces diputado de Movimiento Ciudadano: “El 26 de septiembre realizaron un boteo en la cabecera del municipio de Iguala. Ésta fue la infracción que persiguió la Policía municipal. Éste es el origen de la exposición en una zona controlada por la delincuencia organizada. Buscar culpables, indignación ante el crimen anunciado por la localización de fosas clandestinas. Encabezar las investigaciones para encontrar los responsables.
“… (Otro factor de sospecha es) la posible omisión de las Fuerzas Armadas, puesto que en esta misma ciudad se encuentran las instalaciones de la 27 zona militar, instituciones de un Estado fallido”.
Arturo Escobar y Vega, diputado del Pvem, dijo que él había propuesto la creación de la comisión; pero rechazaba que fuese presidida por el PRD o por el PAN. Los dos partidos tenían que ver con las autoridades de Iguala, adonde ocurrieron los hechos.
Según Escobar, el PRD gobernaba Iguala con José Luis Abarca (actualmente preso), y el PAN había apoyado la gubernatura de Ángel Aguirre, en ese momento gobernador de Guerrero. Y, obvio, proponía a un priísta o a un pvemista para presidirla. Y la presidiría un panista, Guillermo Anaya Llamas.
Entonces fue el turno de Ricardo Monreal, en aquella 62 Legislatura diputado de Movimiento Ciudadano. Con su palabra filosísima, dijo: “El tema de la violencia y la inseguridad salió del discurso oficial y de los medios de comunicación, pero no de la realidad ni de la preocupación de las familias de los mexicanos.
“El año pasado, mientras en este recinto se aprobaba y se jactaban de las reformas estructurales que presumiblemente sacarán al país del subdesarrollo, allá afuera hubo una especie de guerra civil irregular, donde un grupo se dedicó no sólo a asesinar, sino sobre todo a secuestrar y extorsionar a otros mexicanos como nunca antes en el país.
“Se registraron el año pasado 132 mil casos de secuestro, 361 por día; es impresionante.
“Por esa razón hoy nos preocupa lo que pasa sobre la violencia en el país, donde se está sufriendo una mutación y de ello damos cuenta de la barbarie que hay y que hubo en estos estados, particularmente en Iguala.
“Comete el delito de genocidio –escúchenlo bien– el que con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetren por cualquier medio delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo. Por tal delito se impondrán de 20 a 40 años de prisión y multa, y cuando se trate de funcionarios públicos se agrava la pena. Se está frente a un grave problema de genocidio”.
Fue Monreal de los primeros opositores que plantearon el caso de Iguala como un genocidio, un crimen de Estado, cosa que al final terminaron secundado prácticamente todos, dentro y fuera del país, más allá de la “verdad histórica” que pretendió implantar el régimen.
Continuó Ricardo Monreal: “En la barbarie de Iguala, están dadas todas y cada una de las situaciones de un crimen de lesa humanidad:
“Primero: Hay una destrucción parcial de un grupo nacional como son los estudiantes de origen humilde, rural e indígena de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
“Segundo: Se perpetraron ataques a la integridad corporal y a la salud mental de sus miembros.
“Tercero: El hostigamiento sistemático confirmado y prolongado al que ha sido sometido este grupo estudiantil a lo largo de los últimos años por parte de diferentes instancias oficiales, ha sido impresionante.
“Cuarto: La participación directa de funcionarios públicos en la planeación y perpetración de estos hechos es inadmisible”.
Y apostillaba el zacatecano: “Frente a esta barbarie ciudadanos legisladores, no sé si baste crear la comisión, lo que estamos evidenciando es que son crímenes de lesa humanidad, lo establece el Código Penal Federal y lo establecen también 11 tratados internacionales sobre derechos humanos, no sólo lo previene el Código Penal Federal el delito de genocidio, sino también instrumentos internacionales como la Convención para la prevención y sanción de delitos de genocidio y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad”.
Pues sí, desde un principio se dijo que había sido un genocidio, un crimen de Estado.


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