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TREN PARLAMENTARIO
Sección: Nacional
Fecha de publicación: 22 de Febrero de 2018

La terca realidad transfigurada en pesadilla de Peña Nieto


VICENTE BELLO


El pasado día 12, en Nogales, Sonora, el presidente Enrique Peña Nieto recriminó a ese sector de la sociedad que no reconoce los avances y logros que se han tenido en cinco años de su administración.
Fue cuando calificó de “irracional” el enojo social que envuelve como una frazada a su gobierno. Y, durante la inauguración de un hospital del IMSS, sostenía Peña Nieto: “Hay que tener memoria de dónde estábamos hace seis años y dónde estamos ahora sin dejar de ser autocríticos, reconocer los rezagos y lo que nos falta por avanzar”.
Y añadía: “Pero es de destacar a esta distancia los grandes avances logrados sobre todo en uno de los ámbitos más importantes, que es el de la salud”.
Ya encarrerado, el presidente Peña Nieto decía también: “Soy el primero en reconocer rezagos, pero también el primero en demandar de manera comedida a la población que sepamos reconocer esos avances, logros y beneficios que se han venido obteniendo”.
Y se ponía a hablar entonces de que a estas alturas de su administración se ha alcanzado una cifra histórica: “más de cuatro millones de empleos”. Y todavía más: en enero de 2018, al IMSS se le han incorporado 113 mil 722 nuevos empleos, 36 por ciento más respecto de la cifra de enero del año anterior.
No pasaron muchos días para que el otro México, el que invisible es a los ojos de quienes ejercen el poder público, lo alcanzara y lo vapuleara, colocándolo contra las cuerdas de una realidad necia, terca, que se empecina en llevarle las contras al discurso oficial.
Anteayer, la Auditoría Superior de la Federación (el órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de revisar estados financieros de cuantas entidades reciban recursos federales) soltó un fogonazo de marca mayor: reveló que “entre el 2012 y 2016 fue descubierto un presunto desvío de recursos públicos por 6 mil 879 millones de pesos”.
En el tercer informe de resultados para analizar la Cuenta Pública del 2016, la ASF detectó que dichos desvíos pasaron, en su mayoría, a través de un portillo a ras de suelo:
“Con la pretensión de evadir la Ley de Adquisiciones del Sector Público, servidores públicos sin escrúpulos se inventaron un mecanismo de desvío que consistía en la subcontratación de empresas privadas por parte de una dependencia pública”.
Juan Javier Pérez Saavedra, auditor federal en funciones, dijo a los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación: “Burlan Ley de Adquisiciones con triangulación y subcontratación de obra y servicios”.
Y apostillaba: “La subcontratación de empresas privadas y asociaciones civiles por parte de una dependencia pública que debe prestar un servicio a otra dependencia se ha consolidado como un mecanismo para el desvío de recursos públicos”.
Y ejemplificaba: “Este mecanismo ha permitido a Secretarías de Estado, universidades públicas y gobiernos de los estados y municipios el desvío de 6 mil 879 millones de pesos mediante contratos que amparan supuestas consultorías, asesorías y otros servicios relacionados, pero que no se comprueban o no se llevan cabo”.
México como país corrupto, que trepó en este sexenio niveles mundiales no vistos nunca, fue colocado ayer en Fráncfort, Alemania, en un informe de Transparencia Internacional en el sitio 135, de 180.
Según un cable de AFP, la organización de marras ha afirmado que el mundo “no hace esfuerzos para combatir la corrupción”. Y en su índice anual, asegura que, respecto de América Latina, sólo gana a México el país de Venezuela, en el sitio 169, y Nicaragua en el 151.
Por cierto, en ese lugar 135, junto con México, Transparencia Internacional ha colocado a República Dominicana, Honduras, Paraguay y Rusia.
En cambios, entre los países menos corruptos de América Latina figuran, en el sitio 23, Uruguay; le sigue Chile en el lugar 26; Costa Rica en el 38; Cuba en el 62; Argentina en el 85; varios están en el sitio 96: Brasil, Perú, Panamá y Colombia.
El sitio 112: Bolivia y el Salvador. En el 145 está Guatemala; 151: Nicaragua.
La corrupción es un tema que ha evadido el Congreso de la Unión. Tiene pendiente todavía la culminación de las leyes que tienen que ver con el sistema anticorrupción.
En julio de 2017, cuando Armando Ríos Piter, senador sin partido, se comenzaba a placear como precandidato presidencial independiente, presentaba una lista de 13 temas pendientes en el Sistema Nacional Anticorrupción.
He aquí: “Eliminación del fuero (incluido el Presidente de la República). Fortalecimiento del sistema de Participación Ciudadana. Incorporación de dos instituciones clave del sistema hacendario: Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Incluir el Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
“Conflicto de Interés. Publicidad de declaraciones patrimoniales. Servicio Civil de Carrera. Responsabilidad penal de personas morales involucradas en actos de corrupción. Eliminación de uso de dinero en efectivo en actividades gubernamentales y campañas políticas.
“Ajuste del diseño y ampliación de las facultades e infraestructura para la operación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) en materia de combate a la corrupción. Incorporación de mecanismos presupuestales preventivos que incluyan metas e indicadores de gestión de los programas gubernamentales. Asimismo, aprovechar el ejercicio del Presupuesto Base Cero.
“Definición de mecanismos de coordinación de esfuerzos de los órganos del Sistema Nacional Anticorrupción con las instancias locales en las entidades federativas. Y definición de las causales de remoción de los fiscales anticorrupción para garantizar una verdadera autonomía”.
¿Habría algo que festejar al gobierno de Peña? Evidentemente no en combate a la corrupción.


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