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TREN PARLAMENTARIO
Sección: Nacional
Fecha de publicación: 14 de Julio de 2017

Los errores del Congreso en la construcción del nuevo sistema penal


VICENTE BELLO



El jefe de gobierno de la ciudad de México Miguel Ángel Mancera alertó la semana pasada que con la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal, estarían saliendo bajo fianza –para enfrentar procesos penales en libertad- unos 4 mil reos tan sólo en la ciudad capital, muchos de los cuales cometieron delitos que no fueron considerados graves, como la portación de armas, aun cuando éstas hubieran sido de calibre prohibido o de uso exclusivo del Ejército.
Cuando dijo esto Mancera, puso al país de pestañas y entonces todo mundo volteó a mirar hacia los territorios del Congreso de la Unión: ¿Qué hicieron?, es la pregunta que ningún diputado y senador ha querido responder.
Un dato recientemente emitido por la Procuraduría General de la República (PGR) agravó el nerviosismo natural de la gente, que implica saber que delincuentes de marca mayor pudieran estar enfrentando en libertad sus procesos penales, cuando lo lógico sería que estuvieran perfectamente bien enchiquerados, como debería ser.
Según el Ministerio Público federal, desde que entró en vigor el nuevo sistema penal han sido consignadas 6,905 personas por portación de armas de uso exclusivo del Ejército, de los cuales 5,000 –algo así como el 67 por ciento- están libres porque dicho delito ya no es merecedor de prisión durante el proceso penal.
Este verdadero desmadre que se traen jueces, ministerios públicos y fiscalías ha sido de muchos años; pero se agravó sin duda en 2008, cuando por propuesta de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, el Congreso mexicano reformó el artículo 19 constitucional, dando, a partir de entonces, las bases para la creación de lo que hoy se conoce como el nuevo sistema penal acusatorio o penal.
Como Calderón vio que las cárceles estaban hasta el tope, sobresaturadas, y apenas comenzaba lo que dio en llamar su “guerra contra el narco", ideó su gobierno un cambio en el sistema penal en donde prevaleciera el principio de que el menor número de personas llegase a prisión.
Por un lado, implicaba menos gasto; por el otro, se justificaba la propuesta con el argumento de que el sistema penal debía transitar de un sistema acusatorio por antonomasia a un sistema garantista de la inocencia; es decir, sería considerado culpable el reo sólo si se le demostraba, cosa que no suena nada mal.
Sin embargo, dicha reforma no consideró que el aparato judicial mexicano está para ponerse a llorar. Y la falta evidente de capacitación técnica de policías, ministerios públicos y jueces ha hecho que esta reforma sea muy difícil de hacerla funcionar, además de que los legisladores no previeron situaciones que hoy revientan.
He aquí las partes medulares de la reforma del artículo 19 constitucional:
“Ninguna detención podría ir más allá de las 72 horas sin que se justificase con un auto de vinculación a proceso.
“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
“El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.
En este párrafo, donde el Legislativo hace una lista de delitos por los que un juez no podrá permitir enfrentar juicios en libertad, hubo un terrible olvido o soslayo: ni los diputados ni senadores de la 60 Legislatura consideraron meter en esta lista a los portadores de armas, y por eso es que a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema penal (2014) es que hay en libertad un montón de procesados por portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
En aquella reforma constitucional también se mandató que el juez tenía que tomar su resolución, sobre si un individuo es culpable o inocente, sólo de una audiencia y no más.
Una audiencia en la que el ministerio público y los policías están obligados a presentar todas las pruebas de culpabilidad. En la práctica, los beneficiados de esta sola audiencia han sido los procesados y sus abogados defensores, quienes han echado para atrás las acusaciones porque muchas de éstas no fueron bien afincadas por falta de conocimientos técnicos de policías y ministerios.
A la reforma de 2008 le siguió una reforma en 2011, en la que fueron ampliados los juicios de amparo en la materia de los derechos humanos.
Y en 2014, una tercera reforma, esta vez al Artículo Quinto Transitorio del Código Penal de Procedimientos Penales, el Congreso mexicano mandató que todos los beneficios del nuevo sistema penal podrían ser aplicables al sistema viejo.
Con esto, muchos sentenciados en el viejo sistema penal, podrían acogerse a las bondades del nuevo sistema.
De todo esto, ya los jueces, ministerios públicos y fiscales respingaron y hasta plantearon la urgencia de una nueva reforma que reforme al nuevo sistema penal, considerando el peligro que reviste para la población que comiencen a salir reos de alta peligrosidad.
Hasta el momento, por ahí un legislador ha dicho que no hay prisa para una reforma al sistema penal de reciente cuño. Tendrán que opinar pronto los demás. Veremos.



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